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Revienta las redes la abogada Tamara Sujú presento hoy las pruebas de tortura ante la Corte Penal Internacional

Tamara Sujú Roa  abogada penalista y especialista en derechos humanos venezolana.​ Presento hoy las pruebas de tortura por parte del gobierno de Venezolano en la Corte Penal Internacional.

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Caso de Linda Loaiza será juzgado por la CIDH

El caso de la ciudadana Linda Loaiza quedará registrado como el primero sobre violencia de género ocurrido en Venezuela, en ser juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde relatará su historia el próximo 6 de febrero, en San José de Costa Rica.

El 27 de marzo de 2001, cuando tenía 18 años de edad, Loaiza fue secuestrada y durante su cautiverio resultó abusada sexualmente, torturada y amenazada de muerte. Sus familiares, intentaron denunciar los hechos ante las autoridades venezolanas sin obtener una oportuna y efectiva ayuda. Luego de más de tres meses, la joven logró escapar.

El maltrato al que fue sometida fue de tal intensidad que debió ser operada alrededor de 15 veces y estuvo hospitalizada durante un año, para la reconstrucción de su rostro.

Su denuncia, también incluye la revictimización y discriminación que privó durante la investigación llevada a cabo por las autoridades venezolanas y en un proceso judicial plagado de irregularidades y estereotipos de género.

Durante el primer juicio llevado a cabo, el agresor, identificado como Luis Carrera Almoina, fue absuelto de todos los delitos por los cuales era acusado. Solo cinco años después de los acontecimientos, Loaiza obtuvo una sentencia condenatoria, pero que solo reconoció a Carrera como culpable de los delitos de Lesiones Personales Gravísimas y Privación Ilegítima de Libertad, dejando por fuera los delitos de violación sexual y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En marzo de 2015, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Loaiza lamentó haber tenido que apelar a instancias internacionales luego de agotar todos los recursos en el país y no recibir respuestas satisfactorias. Al volver a Venezuela, dijo que esperaba que su caso fuera enviado a la Corte Interamericana, lo que ocurrió en noviembre de 2016.

“Este paso no es solo importante para mí, es importante para las mujeres venezolanas y latinoamericanas. Yo quiero ser reconocida en la sociedad por las batallas y luchas que he dado a favor de las mujeres y no por los hechos atroces de los cuales fui víctima. Quiero sentar jurisprudencia en casos de violencia de género y garantizar que no haya repetición”, manifestó entonces.

Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas), una de las organizaciones que representa a Loaiza, expuso que este caso es un ejemplo de impunidad que impera en las denuncias presentadas por miles de mujeres venezolanas, víctimas de la violencia sexual y de género. De acuerdo con el Informe Anual del Ministerio Publico del 2014, de las 70.763 denuncias de violencia contra la mujer, apenas 0.7% han llegado a juicio.

Añadieron que la decisión que tome la Corte IDH puede marcar un hito en materia de violencia contra las mujeres y la discriminación a la que con frecuencia se enfrentan al acceder a la justicia. También podría impulsar cambios estructurales en las leyes, políticas públicas y administración de justicia en cuanto a la prevención y sanción de violencia contra la mujer en el país.

Con información de Cofavic 

289 casos de tortura en Venezuela, conoció la OEA

La directora ejecutiva del Instituto Casla Tamara Suju denunció 280 casos de tortura y violaciones por funcionarios de las fuerzas del gobierno venezolano en la OEA

 

Entre los casos más resaltantes hay detenidos durante las protestas que denunciaron que fueron agredidos sexualmente, a otros les obligaron a comer excremento y algunos fueron sometidos a descargas eléctricas.

De la cantidad de afectados, 223 son hombres y 66 mujeres. 79% tienen edades comprendidas entre los 18 y 30 años de edad, mientras que 11% oscilan entre los 31 y 40 años de edad.

Todos recibieron torturas psicológicas. Además, del total, 280 fueron golpeados y 192 fueron sometidos a torturas sexuales. En los casos de agresión sexual se incluyen las violaciones con rolos o incluso con armas de fuego.

Suju destacó que 23 de los aprehendidos padecen o han pasado por “torturas blancas”, que consisten en mantenerlos en condiciones inadecuadas de reclusión.

“No respiran aire fresco, las temperaturas son inferiores a 18 grados centígrados. Hay una cárcel que se llama ‘La Tumba’ que está a cinco pisos bajo la tierra. El único sonido que ellos escuchan es el sonido del Metro de Caracas. Cuando deja de pasarles por encima de la cabeza es cuando identifican que es de noche”, agregó.

Los cuerpos del Estado responsables por lo ocurrido son la Guardia Nacional Bolivariana,las policías regionales y la Policía Nacional Bolivariana, según detalló la defensora de los derechos humanos.

Fuente: ACN / El Nacional

Tratos crueles e inhumanos a los detenidos en Venezuela

“Tratos crueles e inhumanos en las detenciones, en los traslados y en los mismos centros de reclusión” denuncia la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, ante el evidente irrespeto a los derechos humanos a quienes son contarios a la postura ideológica del Gobierno

Los familiares de detenidos y el Observatorio Venezolano de Prisiones denuncian también que los sitios de reclusión son anti higiénicas y con “alimentación precaria; falta de medicamentos, ausencia de asistencia jurídica, falla en el debido proceso; derecho a ser procesados por sus jueces naturales, traba en las visita de sus familiares, falta de asistencia médica. Todos estos Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente”.

Luego de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegitima por no haber sido aprobada por el pueblo, la tensión en la calle ha continuado, aunque ahora con el silencio de los líderes opositores que vendieron falsas expectativas a sus adeptos en el trascurso de las protestas que han causado más de cien muertos.

El episcopado ha pedido al Gobierno, que “cese la cacería… contra los ciudadanos que piensan distinto al régimen”. Pues en tal persecución, incluso sacerdotes y religiosos han sido amenazados por denunciar las necesidades que atraviesa el pueblo.

Uno de estos casos, ha sido la violenta irrupción de órganos se seguridad del Estado en la casa de las religiosas Hijas de Cristo Rey, en Valencia. El Arzobispo Reinaldo Del Prette, calificó la acción de los policías como “un atropello” que “desdice mucho de una Institución de Seguridad Pública”.

El Presidente de los Estado Unidos ha declarado que no descarta una “opción militar” ante la crisis en Venezuela, además que ya impuso sanciones económicas algunos dirigentes políticos del Gobierno venezolano. Por su parte la Organización de las Naciones Unidades considera que el diálogo es fundamental, pues sanciones de países externos “empeoraría la situación de los ciudadanos”.

Mientras tanto en las fronteras con Colombia y Brasil se siguen percibiendo gran número de migrantes que buscan un nuevo destino y con ello un mejor fututo, pero antes atravesando penurias y trabajos forzosos. En este ámbito las Diócesis de frontera están desarrollando un loable trabajo de atención a las personas.-

Johan Pacheco/ Radio Vaticana

Carlos Julio Rojas estuvo 15 días bajo torturas por ser periodista en Ramo Verde

Carlos Julio Rojas estuvo 15 días bajo torturas por ser periodista en Ramo Verde

Sin poder ir al baño, ingerir agua, comida, amarrado y hacinado, el comunicador social y líder vecinal permaneció en una celda de castigo de 2×2 metros llamada “El Tigrito” en la prisión militar de Ramo Verde.

Tras ser incomunicado por dos semanas en la que hubo violación al sagrado derecho de visita al reo y una vez que le fue permitida la visita a los familiares, “a Carlos Julio se le encontró visiblemente afectado con mucho menos peso y algunas marcas en su cuerpo. Durante esos días, también le fueron robadas sus pertenencias: ropa, comida, dinero y hasta un rosario que cargaba en el pecho”, relata su madre Sol Rojas.

Estas acciones violatorias de la normativa establecida en la protección de los derechos humanos y  los acuerdos internacionales se han sistematizado en los últimos años en Venezuela hacia los ciudadanos y en especial contra los presos políticos como en el caso de este periodista a quien no bastó con forjarle cargos y sembrarle un bolso con 5 granadas como para castigarlo injustamente y sin ningún motivo.

Torturarlo en “El Tigrito”, un espacio ínfimo de aislamiento con gran cantidad de presos, sitio en el que a Rojas se le mantuvo seis días sin poder ir al baño y dos días más sin ingerir agua ni comida constituye otro atropello a la protección del derecho a la vida sin justificación alguna. “Lo que le está empezando a comprometer su estado de salud físico y mental”, refirió su progenitora.

“Hacemos responsable a los custodios de Carlos Julio por cuanto es evidente toda la violación de sus derechos humanos y controles excesivos mediante cámaras y cooperantes en el penal”, advirtió.

Al primer periodista venezolano imputado por delitos forjados en un tribunal militar y privado de libertad, se le torturó recientemente por mantener su genuina y activa preocupación por la información oportuna y veraz que se genera en el país debido al oficio que ha ejercido por más de una década casi como un apostolado social y en la que en su condición de presidio incluso se le ha negado hasta escribir.

La madre del líder del Frente Norte Caracas, reveló que su hijo también fue amarrado y castigado junto con el dirigente de Voluntad Popular del estado Carabobo, Carlos Graffe. “La brutal decisión de someterlos a estas torturas es porque no pueden aplacar su real preocupación por los venezolanos que luchan desde sus tribunas por el rescate de la libertad y la democracia de Venezuela, aun cuando están totalmente incomunicados en la Ramo Verde. El propósito es silenciar sus voces, sobretodo la de Carlos Julio que como periodista y luchador social ha trabajado por más de una década en función de resolver los problemas de sus vecinos y de todo aquél que le solicita ayuda”, expresó.

Precisó que este amedrentamiento continuo por parte del SEBIN se ha extendido incluso a las puertas de la casa de la familia de Rojas en La Candelaria en la que se han apostado hombres con capuchas y armas largas desde hace más de 20 días.

Contactos:

Sol Rojas:

0414-3692509/ 0412-823948

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