Caso Gamallo Díaz, Venezuela en la Corte Penal Internacional- Mario Valdez

José Antonio Gamallo Díaz, nativo de Pontevedra, Galicia, España, y naturalizado venezolano, fue uno de los que lo sorprendió la muerte a la edad de 45 años, el 11 de abril de 2002, en los sucesos conocidos como la masacre de Puente Llaguno en Caracas, a 300 metros del Palacio Presidencial de Venezuela (Miraflores).  Había llegado a Caracas  con su familia a la edad de 9 años. Formaba parte de esa legión de manifestantes que ese día marchaban contra el gobierno de Hugo Chávez, donde grupos de civiles dispararon contra los manifestantes y, él fue impactado por una bala en la cabeza. Gamallo Díaz quedó tirado en la calle con el rostro y la cabeza sangrante, lo trasladaron al hospital Vargas, lo dieron por muerto, camino a la morgue notaron que sus signos vitales respondían, lo llevaron al quirófano. Meses después murió en Galicia.

La señora Amelia Gamallo Guiyen, solicita ayuda al gobierno español, el presidente era José María Aznar, haciendo valer su nacionalidad española y la de su hijo José Antonio, que es el factor de conexión fundamental para denunciar ese crimen en la Audiencia Nacional Española. Desde el año 2004, el caso lo atiende el abogado William Cárdenas Rubio, quien fue diplomático en Madrid y es especialista en la jurisdicción penal internacional. Ese abogado ha conducido las denuncias ante la Corte Penal Internacional de La Haya, al respecto ha dicho “desde que se cometieron las primeras agresiones violentas del régimen del teniente coronel Hugo Chávez, en contra de grupos opositores venezolanos, hasta la presente fecha, bajo la presidencia de Nicolás Maduro”.

La madre de  José Antonio Gamallo, le extendió un poder al abogado William Cárdenas, para que la representará en la querella que intentaría contra el presidente Chávez, al respecto comentó “Me fui a Caracas a buscar otras víctimas que quisieran denunciar en España y con ellas, representadas por algunos abogados que hoy integran el Foro Penal, presentamos la querella contra Hugo Chávez y 25 de sus más cercanos colaboradores, caracterizadas, según su análisis, por ser sistemáticas, generalizadas y obedecer a una estrategia política….”.

De la Audiencia Nacional Española a La Haya

Presentada la querella ante la Audiencia Nacional Española por Amelia Gamallo y su abogado por los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002, donde perdió la vida su hijo José Antonio, contra el presidente de Venezuela, en ejercicio Hugo Chávez Frías, el ponente del caso es el magistrado Fernando Andreu Merelles, quien en la sentencia considero que a Hugo Chávez no se le podía enjuiciar en España por ser un Jefe de Estado en el ejercicio de sus funciones,  y de un país con el que España mantiene relaciones diplomáticas, pero ante la gravedad de los hechos ocurridos “consideró que debía enviar el expediente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), jurisdicción en la cual, de acuerdo a lo estipulado en el estatuto de Roma, no hay obstáculos para juzgar a Jefes de Estado”. Fue comisionado el abogado Cárdenas Rubio, para que él mismo lo llevara personalmente. Los Crímenes de Lesa Humanidad y los otros crímenes que conoce la Corte Penal Internacional no prescriben, se mantienen en el tiempo y son imprescriptibles.

Es así, como los sucesos del 11 de abril de 2002, se convierten en el detonante que le abren las puertas de la Corte Penal Internacional al presidente Chávez y a Nicolás Maduro, y están siendo sustanciados en el voluminoso expediente conocido como “Caso Venezuela”, por Crímenes de Lesa Humanidad.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde el año 2004, ha sido receptora de todas las denuncias por los crímenes de Lesa Humanidad que se han cometido en Venezuela. Allí se han acumulado denuncias de crímenes cometidos durante los años que van desde 2002 hasta el presente 2018.

La Fiscal Fatou Bensouda y el Examen Preliminar

La Fiscal del Alto Tribunal Internacional, el pasado 8 de febrero anunció la apertura de un Examen Preliminar sobre las denuncias que a partir de abril de 2017, se interpusieron contra el gobierno de Nicolás Maduro Moros. La fiscal no se pronunció sobre las denuncias anteriores, no se sabe si están desestimadas, lo cierto es que hay un silencio. El Fiscal anterior Luis Moreno Ocampo, sin explicación alguna y de un plumazo desestimó 22 denuncias contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El examen Preliminar no es una investigación Per se, en sí misma, es un proceso donde se inspeccionan todas las informaciones existentes, la fiscalía debe solicitar y exhortar al estado venezolano a que cumpla con las investigaciones, que pueda juzgar y sentenciar los crímenes que el tribunal penal internacional pueda conocer, y éste está obligado a enviarle toda la información necesaria para que la Fiscalía de la CPI pueda decidir si existe merito para iniciar una investigación formal.

Para la fiscalía pronunciarse deben cumplirse preliminarmente tres aspectos: I) Si existen razones para concluir que se ha cometido o se está cometiendo un crimen que la CPI puede investigar y eventualmente juzgar; II) verificar si el caso es admisible. Si se cumplen estos dos requisitos, va la, III) deberá determinar si el inicio de la investigación beneficiaria al interés de la justicia.

Informe de los Derechos Humanos y los Escudos de Cartón

El 30 de agosto de 2017, en la ciudad de Ginebra fue presentado el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, el mismo fue elaborado sobre los hechos ocurridos en Venezuela durante las manifestaciones y protestas que se realizaron entre los meses abril y julio del año 2017, a su vez fue consignado ante la Fiscalía de la CPI en La Haya. Dicho Informe señala “que han ocurrido alrededor de 140 muertes violentas, miles de heridos y detenidos ilegalmente, cientos de torturados y personas que han recibido tratos inhumanos y crueles, por una actuación caracterizada por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y grupos armados, en hechos que no son casuales y que considera forman parte de una estrategia de ataques sistemáticos a una parte de la población civil…..Será nuestro trabajo demostrar como realmente ocurrieron los hechos, que en estos pocos casos los manifestantes actuaron en legítima defensa, en contra de un enemigo que le superaba en número, con armas de fuego letales y haciendo uso desproporcionado de la fuerza… Todos sabemos que la mayor parte de las víctimas fueron estudiantes que solo portaban en sus manos un escudo de cartón”, así se lo comentó al periodista José Emilio Castellanos el doctor William Cárdenas Rubio, uno de los abogados defensores de los  venezolanos en la Corte Penal Internacional.