Familiares de presos políticos responsabilizan al TSJ por integridad de los detenidos

En este llamado se centran las acciones del Proyecto Libertad que se mantendrá atenta ante las próximas horas y días posteriores hasta lograr la liberación de 378 presos políticos, entre civiles y militares.

En el marco del Proyecto Libertad, familiares de presos políticos y abogados de la  Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia acudieron este jueves ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia para ratificar las denuncias por las violaciones a los Derechos Humanos y al Debido Proceso en los casos de los 378 presos políticos civiles y militares porque no han cometido delito y son inocentes.

El abogado Omar Mora Tosta señaló que los denominados presos de conciencia han sido víctimas de una persecución mediante detenciones arbitrarias. “Por eso hemos venido nuevamente a solicitar el respeto a las garantías fundamentales de estas personas, porque no hemos tenido ningún tipo de respuesta de ninguna de las instituciones que ostentan el poder y que deberían garantizar de oficio –sin que nadie se los pidiera- el apego al Debido Proceso y a lo que dicta la Constitución”.

Ante la sede del tribunal, la defensa exigió no sólo la excarcelación de los prisioneros del régimen, sino también el cese de la causa y libertad plena para todos. “En este escrito que ahora estamos presentando hemos hecho énfasis en el caso de los policía de Chacao Fred Maváres y Reggie Andrade. Hacemos énfasis en el caso de los policías metropolitanos y el comisario Iván Simonovis, puesto que a estas personas ya les son propias las medidas alternativas al cumplimiento de la pena en libertad y no se las han reconocido”, detalló.

Considera que cada minuto que una persona permanezca detenida teniendo una boleta de excarcelación es una violación de sus derechos, expresó el jurista, quien señaló otras abusos cometidos contra los funcionarios de la Policía de Chacao, junto a su abogado defensora Zoraida Castillo, quien denunció el traslado arbitrario de Reggie Andrade y Fred Maváres a otro penal del país.

“Aunque el 8 de agosto de 2016 el tribunal de la causa ordenó su libertad, el día 12 del mes en curso fueron trasladados a la cárcel 26 de Julio en San Juan de los Morros. Desconocemos cómo pudieron ingresar a este recinto sin una orden de excarcelación, situación que dista de las palabras de la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela quien señaló que el régimen penitenciario es el mejor del mundo”, cuestionó la abogado.

Explicó que el tribunal de la causa séptimo de control, tiene su tercer día para decidir. Por eso solicitó que la orden de libertad sea remitida al ciudadano director del centro penitenciario 26 de Julio. “El tribunal, de acuerdo con el Código, tiene 3 días para proveer. Se vencen hoy. Aspiramos entonces administración de justicia. En el nombre de Dios hoy serán liberados si el tribunal de la causa cumple con su deber. Lo que sí tenemos claro es que tanto Reggie como Fred son prisioneros en una cárcel con presos comunes, lo cual pone en riesgo su integridad física. A esto deben responder Gustavo Enrique González López e Iris Varela”, señaló la abogado acompañada por los familiares de los funcionarios de Chacao.

Por su parte Ana Zambrano, madre del comisionado Fred Maváres, señaló que “desde que los trasladaron de las mazmorras del Sebin al penal 26 de Julio desconocemos la situación de él y su compañero. Ellos son inocentes. Como madre, me pongo la mano en el corazón para que las autoridades hagan justicia. Fred y Reggie no son delincuentes, son hombres inocentes que tienen una boleta de excarcelación incumplida. Pero en vez de darle la libertad que les corresponde, los trasladan a un penal peor porque están rodeados de presos comunes”.

Consultado sobre este particular, Omar Mora Tosta, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia señaló que este  caso se incurrió en desacato al no obedecerse una orden judicial y en usurpación de funciones, “porque sólo un tribunal penal es el que puede decidir el traslado de una persona de un sitio a otro y su reclusión como detenido en un establecimiento penal. El hecho de que ellos estén depositados alli de manera ilegal sin cumplir los extremos legales confirma que están secuestrados por el poder y sin presos politicos”, sentenció el abogado.

Como representante de los familiares de los policías metropolitanos, Bonny Pertiñez, esposa del comisario Iván Simonovis, llamó por nombre y apellido a quien considera es el responsable de la sistemática violación de los derechos humanos de los funcionarios. “Acudimos una vez más ante quien ha sido nuestro verdugo Maikel Moreno, porque si bien ahora es el presidente del TSJ también fue el juez que ilegalmente detuvo a Iván sin una orden de aprehensión. La fiscal Haifa Aissami, quien lo recibió en la Corte Penal Internacional, fue la que se encargó de acusarlos al lado de Luisa Ortega Díaz”, detalló Pertiñez ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
Ella considera que la clave de esta lucha es “insistir” hasta lograr las libertades plenas de todos los presos políticos, incluidas la de los policías metropolitanos, “que son hombres inocentes que evitaron más muertes el 11 de abril de 2002.  Nuestro deber es documentar cada abuso, cada atropello, cada injusticia. Esa es nuestra única vía: mantenernos optimistas. No sé cuáles son los criterios que aplican para mantenerlos presos. Esto creo que es una saña de Maikel Moreno contra nuestras familias”.

Con informacion de La Patilla