Existencia, permanencia y objetivos de la ANC- Luis Fuenmayor Toro

Tomo prestado el nombre que el compañero Segundo Meléndez utilizó en la cuarta rueda de prensa de la “Concertación por el Cambio”, para referirse a una situación política venezolana conocida por todos y que nos afecta desde hace exactamente un año, cuando el Gobierno designó, como si se tratara de su partido el PSUV, a la que llamó Asamblea Nacional Constituyente.  Asamblea monocolor, integrada solamente por militantes y funcionarios gubernamentales, sin presencia de opositores y por lo tanto no representativa de la pluralidad del país. Dicho organismo fue además convocado unilateralmente por el Presidente, quien constitucionalmente no tiene potestad para ello, y mediante la utilización de un modelo electoral de carácter corporativo, similar al utilizado por el fascismo italiano liderado por Mussolini.

La ANC, desde su inicio, no ha hecho sino substituir en la práctica a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, además de haber sido convertida en instrumento de retaliación y descarado ventajismo político. Ha actuado supraconstitucionalmente, lo cual es improcedente, pues la Carta Magna sólo deja de regir la vida de la nación cuando el pueblo soberano aprueba, en referendo, una nueva Constitución. La demencia gubernamental ha llegado incluso a darle carácter plenipotenciario, asimilándola a los dioses de las religiones monoteístas. Maduro y su grupo gobernante, en su afán de permanecer en el poder por encima de muchos de sus correligionarios y a pesar de tener en contra la voluntad popular, crean monstruos que más adelante pueden volverse en su contra y transformarse en enemigos letales de sus intenciones continuistas.

Hoy la ANC, nos guste o no, es una realidad política que no se puede ignorar. Existe, se reúne y decide sobre el desenvolvimiento político, económico y social de toda la Nación. Actúa sin apego a juridicidad ninguna y ha llegado a la atrocidad de dictar normas legales con carácter retroactivo. Interviene y determina la actuación de los poderes públicos y decide sobre cualquier cosa que se le ocurra. Es incluso expresión actual de las luchas al interior del Gobierno. Y para colmo, esa asamblea del PSUV no se ha ocupado, o lo ha hecho muy en secreto, de lo que era su supuesto objetivo fundamental: la elaboración de una nueva Constitución. Asume tener el poder originario, el cual claramente reside en el pueblo, e interpreta como le da la gana leyes y normas. Pero es que además no se sabe hasta cuándo funcionara: un año, tres años, veinte años, un siglo… Su duración no puede ser indefinida, como algunos funcionarios en forma aberrante lo sugieren.

Es imprescindible definir y darle un finiquito a esta ambigua situación y conocer y discutir el supuesto proyecto constitucional que presentará. Hay que garantizar una discusión muy amplia y plural del mismo, pues las constituciones en general son proyectos de las mayorías nacionales y no de parcialidades minoritarias. Hay que exigir su consulta en referendo, tal y como lo señala la actual Constitución. Inaceptable que se la pretenda aprobar en un referendo con un electorado corporativizado, como el que la “eligió” en forma delictiva y unilateral.

Un comentario