Siguen los cierres de diarios por falta de insumo

Durante el año 2017 Conatel cercenó a 40 emisoras de radio, algunas de manera definitiva y otras temporalmente. La cifra fue revelada en un estudio del Instituto de Prensa y Sociedad y se suma a los reportes sobre el cerco a la libertad de expresión en el país, que incluye las dificultades para adquirir papel periódico que han obligado a diarios regionales a disminuir su periodicidad o salir de circulación.
Respecto al cerco a la prensa regional la ONG Espacio Público denunció que con la salida de circulación el sábado, El Falconiano se convirtió en el segundo medio en tres días que anunció salida por falta de insumos. El 28 de junio se conoció que El Siglo de Aragua solo saldrá a la calle cuatro días a la semana por déficit de papel periódico.
La realidad en el estado Falcón es que desde el pasado 30 de junio cuenta con un sólo medio de comunicación impreso; Nuevo Día. La lista de medios de comunicación limitados por recursos tiende a crecer.
El 21 de mayo Las Noticias de Cojedes dejó de salir impreso por agotarse la disponibilidad de papel que le vendía la Corporación Editorial Alfredo Maneiro. La medida fue adoptada luego de la reducir de 32 a 16 páginas.
Espacio Público reportó que en mayo pasaso seis periódicos regionales debieron ajustar su soporte y periodicidad. Entre las causas están la crisis económica que generó escasez de efectivo, el alto costo de la materia prima y la imposibilidad de acceder a ese recurso. En el grupo de los impresos que debieron reinventarse están El Tiempo de Puerto La Cruz, La Prensa de Barinas, El Diario de Los Andes, Versión Final, Visión Apureña y Última Hora del estado Portuguesa.
La mayoría de los cierres de emisoras ocurrió durante el tiempo de protestas callejeras, en el primer semestre del año, contra el gobierno de Nicolás Maduro. “Entre denuncias de censura y arbitrariedad estatal, el argumento oficial para silenciar estaciones de radio fue la carencia de permisos para operar en el espectro radioeléctrico. Las clausuras responden a procedimientos administrativos y legales que son contrarios a las garantías de transparencia establecidas en la Constitución y en estándares internacionales de derechos humanos”, señaló IPYS Venezuela.

 

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