¿Por qué la OEA condena a Venezuela, pero no a Nicaragua? – Andrés Oppenheimer

La Organización de Estados Americanos (OEA) merece crédito por haber denunciado duramente a la dictadura de Venezuela, pero –inexplicablemente– ha sido sorprendentemente suave con el régimen de Nicaragua

Cuya brutal represión de las protestas antigubernamentales ha dejado 127 muertos en las últimas semanas.

Para poner las cosas en contexto, el número de muertos en las recientes protestas de Nicaragua –un país de 6 millones de habitantes– sería el equivalente a 677 muertes en Venezuela, 2,688 en México y 6,900 en Estados Unidos. Según algunos estimados, en las últimas semanas han muerto más personas en las protestas de Nicaragua que en la frontera entre Israel y Gaza.

Y sin embargo, cuando el Secretario de Estado Mike Pompeo y los cancilleres de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se reunieron en Washington la semana pasada en la OEA, aprobaron una resolución condenando a Venezuela por sus fraudulentas elecciones del 20 de mayo y acordaron escalar las sanciones contra altos funcionarios venezolanos, pero no hicieron nada parecido en el caso de Nicaragua.

La OEA aprobó una declaración timorata redactada principalmente por los Estados Unidos y Nicaragua que no condenó el asesinato de manifestantes por el régimen del dictador nicaragüense Daniel Ortega, ni condenó las fraudulentas elecciones de Ortega en 2016.

La declaración de la OEA le pidió a Ortega que cumpla con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y lo llamó a “fortalecer las instituciones democráticas” en Nicaragua, pero no exigió elecciones anticipadas, como lo está exigiendo gran parte del pueblo nicaragüense.

¿Por qué ese doble estándar? Diplomáticos latinoamericanos me dicen que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quiere mantener líneas abiertas de comunicación con el régimen nicaragüense porque, a diferencia de Venezuela, Nicaragua ha permitido a los inspectores de derechos humanos de la OEA ingresar al país y ha prometido cumplir con sus recomendaciones de reformas electorales.

Pero los activistas de derechos humanos dicen que ese argumento no tiene sentido. Dicen que Ortega está jugando para ganar tiempo, como lo ha hecho varias veces en el pasado, para desactivar las protestas en las calles.

José Miguel Vivanco, del grupo Human Rights Watch, me dijo que “la OEA y la administración Trump perdieron una gran oportunidad de presionar al régimen de Ortega para que detenga sus graves violaciones a los derechos humanos”. Vivanco agregó que la declaración de la OEA debería haber advertido a Ortega y a su esposa, la poderosa vicepresidenta Rosario Murillo, que “si continúan en su rumbo actual, enfrentarán las mismas sanciones que Venezuela”.

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