Se debe respetar la soberanía del pueblo – Rafael Rodriguez Mudarra

Duda no cabe  que la presencia  de 107 diputados,  incluidos  dos  del   llamado “polo patriótico” en la sesión de la  Cámara de Diputados, más que suficiente  para darle consideración al antejuicio de mérito  votado por el TSJ Legítimo , hoy sesionando fuera del territorio patrio, nacidos estos  magistrados  de la soberanía popular,  que profirieran  sin susceptibilidad de pruebas,  el antejuicio de méritos de Nicolás Maduro, actual  presidente de la República, también nominado como candidato presidencial a participar en la elecciones que él mismo convocó  para el 20 de mayo de 2018, decisión  con argumentos legales y referencias abrumadoras  que han hecho convicción por, cuanto tal sentencia, hace valer una resolución  de extraordinaria proporciones, cual sometido a la  consulta de Asamblea nacional con fecha  17-04-2018; al contar con  su apoyo marcó un hito histórico con asiento de  obediencia  para el  futuro desenvolvimiento  de esta rama del Poder Público, cuya autoridad  se le ha hecho  hasta ahora ineficaz, por usurpación del poder ejecutivo.

La Asamblea Nacional, sesionando en forma unicameral, dado su composición, para aprobar la petición del TSJ de enjuiciamiento  al presidente Nicolás Maduro, por supuestos delitos de corrupción  asociados al escándalo Odebretch,  mediante una votación de 105 votos a favor, declaró  que existen méritos para  continuar  juicio  contra Maduro. No hubo pues    vacilación en la valoración de las pruebas que hicieran convicción para la imputación de la responsabilidad delictual en el que  incurrió  el presidente cuestionado.

La  Asamblea Nacional  demostró en el caso de marra, que  de conformidad con  lo pautado en la Constitución encontró  los elementos  probatorios, que le permiten  solicitar del Poder Ciudadano el intentar las acciones  a que haya lugar para hacer efectiva la responsabilidad de tan alto funcionario , a la vez que se dé por entendido;  que no existen dos  Tribunales Supremos de Justicia ni dos Fiscales general de la Nación; que los legítimos para  ejercitarse  como magistrados  del TSJ son los que profirieron sentencias  en el exilio y la fiscal legítima quien  ejerce sus funciones en condiciones perversas  iguales a los magistrados que solicitaron enjuiciamiento, no es otra que la perseguida  Luisa Ortega  Díaz.

La valorada decisión, sin duda alguna  goza del respaldo mayoritario de la oposición, quien  fuerza a sus componentes a   reiterar lo declarado en el VIII Cumbre  de las Américas, cual  no es otro  que mantener con seriedad, sin debilidad alguna, que los actos jurídicos que requieren  de autorización de la Asamblea Nacional solo serán reconocidos  cuando esta los haya aprobado.

Respeto y respaldo  la consideración  del parlamento  al votar como enjuiciable al entredicho Maduro, lo que es más; he de reconocer el comportamiento juicioso y ponderado de su actual presidente, sin dudar lo que ha dicho: “los amigos del Gobierno  utilizan testaferro para tapar la corrupción”; pero  me toca insistir por haberlo aprendido en la lucha por la democracia  llevada a cabo por el maestro JÓVITO VILLABA, que: “Dos sistemas buscan el predominio del mundo. Uno de estos sistemas consiste en la libre discusión  de las ideas, en la exposición del pensamiento sin ventajas a favor de la oposición ni del gobierno, en la información plena del pueblo soberano: este es el sistema democrático. Y frente a este sistema se levanta otro, que es el viejo sistema  venezolano: el del gobierno que  tiene todas las ventajas   y la oposición  que tiene todos los males, el gobierno que utiliza los fondos públicos  con fines partidista y que luego al cabo de una falsa  preparación del ejercicio del voto, llama al pueblo a las urnas electorales para que el pueblo concurra  a ellas como pieza o como bestia de  matadero, no a cumplir  conscientemente su derecho de decidir sobre el destino de la nación, sino a servir de instrumento una vez más  al ánimo  de opresión y de dominio del Gobierno, del hombre o del grupo que ejerce el poder”. Fin de la cita.

Como dirigente político ubicado  en el campo de la representación proporcional de las minorías adversas al actual gobierno autoritario de mayoría  militar en  servicio activo no tengo por qué  omitir  que la actual AN, por ser evidente, en reiteradas oportunidades se  ha olvidado que la Constitución  al dar por sentado  el  significado de  la  “SOBERANÍA”, no  interpreta que su ejercicio se hace  a través de los partidos políticos , sino que reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce en la forma prevista en  el instrumento constitucional. No ejerce esa soberanía a través de los partidos políticos .El partido es más que sabido representa  una limitación para la voluntad del elector,  que hace suponer que no es libre el que dice que vota por la plancha de un partido político aceptando  todos los integrantes  de esa plancha, lo que no es más que una elección en la que no está  en juego  la representación  proporcional de las minorías.

El paso dado por la Asamblea nacional al considerar  la resolución del TSJ, legitimo  con despacho en el exilio, debe entenderse como un paso hacia adelante, para evitar las peleas entre iguales: para  que se imponga la concienciación ciudadana;  para unir a los venezolanos; para que todos seamos primeros entre nuestros iguales; para evitar composturas  vanidosas; para darle paso a la reconciliación nacional;  para hacer urgente un llamado  unitario con fuerza de voluntad popular organizada; para llevar a cabo un proceso  de elecciones presidenciales,  justas, transparentes y democrática, sin presos políticos; que la dirección política  de la oposición  no sea el acomodo de los que han hechos de la política un medio de satisfacción personal, que siguiendo el ejemplo de las elecciones que se llevaron a cabo el 30 de noviembre el año 1952 se consolide la  unidad del  pueblo a través  de la conformación de un gran Frente de Concentración nacional.

El debate  sobre la conformación del Frente de Unidad implorado, no puede ser objeto de restructuración para el acomodo de conveniencias de partidos, sería  contrario a la soberanía. La MUD nos  fuerza a reconocer que no ha definido política satisfactoria alguna: pregona la abstención;  pero no define línea de orientación en las  elecciones  pautadas para el 20 de mayo, parece más preocupada a la itinerantica internacional que  por los problemas domésticos. La soberanía merece ser respetada y fortalecida.

RAFAEL RODRÍGUEZ MUDARRA, abogado, político, presidente de URD.