Política Interior aprobó comparecencia a Min Defensa por masacre en mina de Cicapra

Asimismo se girará comunicación al Comandante General del Ejército, M/G Jesús Rafael Suárez Chourio, y al jefe del Regiones Estratégicas de Defensa (Redi), General Jesús Mantilla Oliveros, para conocer sus impresiones sobre este hecho, informó la diputada Delsa Solórzano

Maritza Villarroel O /Prensa AN
Caracas.- La presidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Delsa Solórzano (Unidad/Miranda), anunció que esta instancia aprobó la comparecencia del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para que explique lo ocurrido en la mina de Cicapra donde fueron masacrados 18 mineros durante un operativo de la Fuerza Armada Bolivariana Venezolana (FABV) el pasado 10 de febrero.

La decisión se tomó luego de instalarse formalmente la Comisión para el periodo legislativo de este año 2018. Estuvo presente la diputada Gaby Arellano, vicepresidenta de esta instancia, entre otros parlamentarios.

Asimismo se girará comunicación al Comandante General del Ejército, M/G Jesús Rafael Suárez Chourio, y al jefe del Regiones Estratégicas de Defensa (Redi), General Jesús Mantilla Oliveros, para conocer sus impresiones sobre este hecho. Igualmente a la dirección de derechos fundamentales de la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo a los fines de solicitar información en torno si está abierta una investigación por la violación de derechos humanos.
El diputado Rachid Yasbek Valdez, quien tuvo un derecho de palabra, manifestó que la mencionada masacre ocurrida en Bolívar ocurre por intervención de un pranato que busca controlar el negocio del oro.
“Vengo a solicitar que se investigue el caso porque hubo intervención del Ejército y eso se ve en las fotos”, dijo.
“Se habla de que hubo un enfrentamiento, pero eso fue un ajusticiamiento donde asesinaron a unos venezolanos. Si eran mineros ilegales no es lo que está en discusión, sino que eran personas a quienes les violaron sus derechos humanos”, aseveró el parlamentario.
En otro contexto, la Comisión otorgó un derecho de palabra a Ángel de Gubeia, presidente de la Federación de Sordos de Venezuela (Consorben), quien manifestó que en investigación realizada se dan cuenta que un 64% de las personas sordas en el país están laborando, pero el 56% lo hace en la empresa privada, lo que indica que dichas personas no tienen acceso a laborar en el sector público.
“El mismo gobierno está incumpliendo con las normativas que ellos han establecido”, expresó el presidente de Consorben. En este sentido, agregó que también un 9% de la población sorda practica la mendicidad en la calle. “Además tienen una gran deficiencia en la capacidad de leer, estos datos ha hecho que el Ejecutivo quiera abordarnos en lengua de señas”, precisó.
Indicó que ellos elaboraron un comunicado donde dan a conocer que la comunidad sorda efectúa un llamado al Presidente de la República con motivo de su mensaje dado en cadena nacional y en redes sociales.
“Reconocemos que se haya pronunciado en lengua de señas, pero hay cosas más importantes que se ha desatendido”, afirmó Gubeia.
“No quisiéramos pensar –refiriéndose al primer mandatario- que usted está utilizando nuestra comunidad con propósitos electorales debido a la proximidad de la campaña electoral, aseveró.
Sostuvo que durante las “guarimbas” murieron dos personas sordas y se preguntó quién está llevando esa investigación y esclarezca estos casos.
Recomendó la creación de accesibilidad dentro de los hospitales, servicios de interpretación que permitan a las personas sordas poder acceder a los centros de salud. “Exigimos que se cumplan nuestros derechos tal como lo contempla la Constitución”, subrayó.
A juicio de Ángel de Gubeia, el Estado debe permitir el acceso a las medicinas, a la alimentación, a la justicia, y pidió a la Comisión monitorear el cumplimiento de sus derechos y la violación de derechos humanos que se ha presentado de manera reiterada a la comunidad sorda del país.
Finalmente, la diputada Delsa Solórzano invitó a los representantes de la comunidad sorda asistir la próxima semana a la plenaria de la Asamblea Nacional para que expongan su caso de violación de los DDHH.