Informe Completo de UVL sobre civiles prisioneros en Cáreles Militares

 

Este informe es el resultado de una investigación sobre las condiciones de reclusión en instalaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La búsqueda de información se desarrolló entre los meses de septiembre y noviembre de 2017. En ese lapso, prácticamente todas las instalaciones militares del país continuaban impactadas, de forma directa o indirecta, por la conflictividad política y social que se desarrolló entre los meses de abril y julio en las principales ciudades venezolanas.

La expresión más visible de esta situación fueron las manifestaciones callejeras.

Según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (2017), durante esos cuatro
meses hubo 6.729 protestas, con un saldo de 163 muertos, muchos de ellos a manos de
funcionarios de los cuerpos policiales y militares llamados a preservar el orden público.
En la medida en que se desarrollaron las confrontaciones entre los cuerpos de seguridad y los grupos que adversaban al Gobierno se produjo un cúmulo creciente de detenciones.

Los manifestantes inicialmente fueron privados de libertad en retenes de las policías regionales y municipales, así como en estructuras vigiladas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Estas instalaciones ya estaban saturadas con presos por delitos comunes, y colapsaron casi de inmediato. Lo mismo ocurrió en las principales sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).1 El Ministerio Público, cuya titular Luisa Ortega Díaz había advertido sobre la ruptura del hilo constitucional a propósito de dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, comenzó a marcar distancia de la represión indiscriminada.

La opción del Gobierno fue ordenar que el aparato de justicia militar interviniera en
los procesos penales contra manifestantes civiles. El 9 de mayo, el ministro de la Defensa,
general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, lo justificó en estos términos: “Cuando se ha agredido a un guardia nacional, se sustrae o se atenta contra bienes militares, actúa la Fiscalía Militar que está desplegada en todo el territorio nacional”. (RIVAS, 2017) En este contexto, se multiplicaron las imputaciones a ciudadanos comunes por ultraje al centinela e instigación a la rebelión, delitos previstos y sancionados en el Código Orgánico de Justicia Militar.

Los centros de detención ubicados en dependencias de la Fuerza Armada Nacional tuvieron que afrontar una situación inusitada, como era reservar parte de sus espacios para encarcelar a civiles por el simple hecho de manifestar contra el régimen.

Para ir al Informe Completo de la ONG Una Ventana a la Libertad que preside el Dr. Carlos Nieto Palma, siga este enlace:

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