Venezuela despide el 2017 con un grave retroceso para la libertad de expresión

El SNTP recordó que durante este año se reportó el cierre de 49 medios de comunicación audiovisuales. Mientras que IPYS advierte los peligros de la “Ley contra el Odio” y el cierre de medios por falta de periódico o la aplicación de medidas coercitivas. RSF constata el gris panorama mundial en la materia

 

Carlos Zapata | Reporte Católico Laico

Caracas.- El informe es contundente. Refleja una sistemática pérdida de libertades en el último lustro en la nación sudamericana. Las cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) “impropias de países democráticos” reporta 498 casos de agresión en el año que culmina frente a los 360 de 2016, los 2080 de 2015 y los 20 del año 2014, cuando sucedieron encendidas protestas en toda la nación.

El protagonista es el mismo: el comunicado del organismo señala como responsables a los efectivos “de los organismos de seguridad del Estado”, a quienes acusa de ser los causantes de al menos el 70% de los casos.

También informa que durante los meses de abril y mayo ocurrió el mayor número de “incidencias”, con casi 200 en esas 9 semanas. “Coincidiendo con los días de más protesta social y, también, de mayor represión”.

En los cuatro meses de protestas continuas en las calles venezolanas “se registraron 42 detenciones de periodistas y 14 sedes de medios asediadas”. Además, 2017 fue un año en el que se registró el cierre de 49 medios de comunicación audiovisuales, “en su mayoría emisoras de radio”, y los canales colombianos Caracol, RCN, y la cadena CNN en español, fueron acallados por decisión del gobierno de Nicolás Maduro.

Mientras, “se mantienen las restricciones de la prensa escrita, fundamentalmente en el acceso al papel periódico, cuya importación y distribución en el mercado local siguió durante todo el año monopolizada por el gobierno. Unos 20 rotativos tuvieron que cerrar mientras que todos redujeron su paginación y tiraje para garantizar la circulación”.

Los reportes de IPYS

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) recuerda que en marzo de 2017, el Estado venezolano aceptó 22 recomendaciones en el marco del Examen Periódico Universal en la Naciones Unidas, en función de honrar compromisos para proteger la libertad de expresión ante el Comité de Derechos Humanos. Pero, “el Estado venezolano a nivel nacional ha aumentado los controles, las restricciones y ha permitido la impunidad en materia de agresiones a trabajadores de la prensa”.

El organismo cuestiona el hecho de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), denunciada como ilegal e inconstitucional por la Iglesia Católica y desconocida oficialmente por más de 60 países, aprobara la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”.

La norma, según IPYS Venezuela, “al margen de los principios constitucionales, contempla asuntos regresivos en materia normativa de los medios de comunicación tradicionales y digitales”, además de estipular “restricciones en materia de acceso, pluralidad y diversidad”, y establecer “sanciones contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y prestadores de servicio”.

El instrumento prevé penas de cárcel entre 10 y 20 años, sanciones administrativas, multas y bloqueo de contenido, lo que constituye “acciones de control que incentivan la desinformación de los ciudadanos sobre los asuntos de interés público”.

2017 es además un año que culmina con un espectro radioeléctrico “en situación de inseguridad jurídica”, pues a las emisoras y los canales de TV “se les niega la renovación de la concesión, aun cuando cumplen con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ente regulador en el país”. El gobierno de Nicolás Maduro “utiliza esta situación para chantajear a los medios y torcer su línea editorial para alinearla con la oficial”.

El país cierra con 54 medios menos, 49 nacionales de TV y radio, 5 canales extranjeros, entre enero y agosto de 2017. En la mayoría de los casos contra medios nacionales “se alegó el vencimiento de la concesión, y que el Estado se otorga la potestad de decidir o rescindir la renovación”.

En total, el Estado venezolano ha ejecutado más de 70 acciones judiciales contra periodistas y representantes de medios de comunicación. Medidas que el organismo califica de “desproporcionadas”. Algo que ocurre en paralelo a las limitaciones para adquirir papel periódico, “desde que el Estado venezolano centralizó su importación con dólares preferenciales en una empresa estatal llamada Complejo Editorial Alfredo Maneiro”.

La escasez de este bien ha tenido como consecuencia directa la salida de circulación de una cantidad cada vez más elevada de periódicos, así como la desaparición del “mercado mediático nacional”. IPYS Venezuela constató que, “desde agosto de 2013 hasta octubre del 2017, 23 diarios han dejado de circular debido a dificultades en la adquisición de papel periódico y otros insumos requeridos en la producción informativa. De esta cifra, 13 periódicos han salido de circulación de manera definitiva y los otros 10 temporalmente”.

Las cifras a escala mundial, según RSF

La guinda del pastel la pone Reporteros Sin Fronteras, cuyo balance 2017 da cuenta de 65 periodistas asesinados en el mundo, lo que incluye a profesionales, periodistas-ciudadanos y colaboradores de medios de comunicación. De ese número, 26 perdieron la vida “cuando ejercían su labor informativa”, fueron “víctimas colaterales en lugares muy peligrosos, como bombardeos o atentados, y 39 fueron asesinados de manera intencional, debido a su trabajo de investigación.

Al igual que el año pasado, es mayor el porcentaje de periodistas que fueron agredidos de manera deliberada (60%). El objetivo común de sus detractores: hacerlos callar.

Hasta el 1 de diciembre de 2017, en todo el mundo, 326 periodistas estaban detenidos por haber ejercido su labor informativa. Menos que en 2016, cuando la cifra de periodistas que se encontraban tras las rejas ascendía a 348 (187 periodistas profesionales, 146 periodistas-ciudadanos y 15 colaboradores de medios de comunicación). El número de periodistas-ciudadanos detenidos descendió, en particular en China, “donde la opacidad de las autoridades sobre la suerte de los periodistas dificulta contar con datos estadísticos”.

Actualmente en el mundo hay al menos 54 periodistas secuestrados. Aunque el número de periodistas extranjeros tomados como rehenes aumentó ligeramente en 2017 (+14%), más de tres cuartas partes de los reporteros secuestrados siguen siendo periodistas locales, que a menudo trabajan por su cuenta en condiciones precarias, expuestos a grandes peligros.

En 2017 los periodistas-ciudadanos también pagaron caro su labor: actualmente siete de ellos se encuentran en manos de grupos armados, mientras que el año anterior eran cuatro. Una cifra que confirma la creciente participación de los periodistas-ciudadanos en la producción de información, en particular en zonas de conflicto que se han vuelto inaccesibles para los periodistas profesionales. Dos periodistas desaparecieron este año, “hasta la fecha no se sabe nada de ellos”. Ambos son originarios del continente asiático.

Sin duda un año complejo, en el que Venezuela muestra una vez más retroceso, a tono con la continua desmejora en esta tarea pendiente. La verdad seguirá abriéndose camino en medio de las dificultades, aunque hacerla visible siga costando un número cada vez más alto de vidas.

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