Ortiz Córdova: En Venezuela se ha instituido el horror jurídico

En Venezuela se ha instituido una situación de horror jurídico, que va aun más allá de la violación de la propia Constitución de la República, al pretender revivir a los juristas de la Segunda Guerra Mundial, en este caso con personajes que no llegan a tener la entidad del jurista alemán, miembro del partido Nacionalsocialista, Carl Schmitt, aplicado para todas aquellas tropelías del régimen nazi.En Venezuela se ha instituido una situación de horror jurídico, que va aun más allá de la violación de la propia Constitución de la República, al pretender revivir a los juristas de la Segunda Guerra Mundial, en este caso con personajes que no llegan a tener la entidad del jurista alemán, miembro del partido Nacionalsocialista, Carl Schmitt, aplicado para todas aquellas tropelías del régimen nazi.Tal reflexión  fue formulada por el  constitucionalista Rubén Ortiz Córdova, abogado integrante del Escritorio Ortiz Bucarán & Asociados, a propósito de las últimas incidencias relacionadas con la petición del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente dirigida al Tribunal Supremo de Justicia que, a su vez, solicitó de la ANC allanar la inmunidad del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, y otras medidas de carácter sancionatorio contra el presidente del Parlamento, diputado Julio Borges.Ortiz Córdova argumenta, en primer lugar, elementos que en su opinión configuran una situación de ruptura institucional en el país, determinada por la inexistencia de un sistema de control judicial que haga cumplir la legislación vigente en todos los actos de los distintos órganos del Estado, partiendo del punto de vista doctrinal según el cual el Estado de Derecho es el imperio de la ley, y que esos instrumentos elaborados por el Parlamento en cada nación, constituyen el mandato que la ley se da sobre sí misma a sus representantes, para controlar al propio Estado en sus actuaciones.A partir de ahí surge lo que es propiamente la separación de poderes, como forma de ese necesario control de la actividad estatal, atribuyendo funciones a cada una de las ramas de los poderes, que deben permanecer absolutamente separadas y actuando conforme a las reglas que regulan su actuación. Es decir ellas no pueden hacer nada más allá de lo que la Constitución y las leyes le permiten, explicó. Recomponer lo que considera el experto constitucionalista el maltrecho Estado de Derecho, solo sería posible en estos momentos en el país, mediante la adopción de cuatro condiciones fundamentales: en primer lugar, volver a principio de la legalidad, que adecue los actos de la administración a los poderes públicos, a las leyes y a la Constitución; porque es esa la única forma de brindar legitimidad a la actividad de los poderes púbicos.  Segundo, el principio de igualdad ante la ley, que la persona que acuda ante la autoridad judicial obtenga la misma respuesta, porque no es legal que alguien que cometa un delito no reciba castigo, mientras que para otra, sin haber cometido un acto contrario a ley, sea juzgado y privado de su libertad. Tercero, fortalecer nuevamente el principio de seguridad jurídica, permitiendo que la gente tenga certeza de sus derechos para hacerlos valer y ser protegido. Y por último, el principio de la independencia de los jueces, que es la fórmula de cierre del sistema porque es el que  prevé la esencia de una judicatura, que no dependa de ningún otro poder; algo ideal para los venezolanos hoy día, comentó.Situación de horror jurídico En sus reflexiones, el abogado en Derecho Constitucional, llega a la conclusión de que lo que se observa en relación con los pronunciamientos de la Fiscalía y del TSJ, así como de la ANC, es una situación de “horror judicial”.“Sobre esta petición al TSJ que ahora se transformó en una solicitud a la ANC espuria e ilegitima, con la que se pretende anular el artículo 200 de la Constitución, donde se consagra la inmunidad parlamentaria,  ese privilegio de carácter procesal que tienen los parlamentarios de solo poder ser juzgados previa votación interna en el Parlamento, constituye un privilegio concedido por el constituyente para proteger, a esa persona que ejerce la representación de la ciudadanía,  de los embates de demandas caprichosas, del abuso de la autoridad policial o militar, y en general de la autoridad que trate de amedrentar o de impedirle el ejercicio de la función legislativa”, expresó. “Entonces, esa sentencia contra el diputado Freddy Guevara, que es un horror jurídico,  pretende revivir a los juristas del horror en la Segunda Guerra Mundial, justificando toda  suerte de crímenes, ahora con unos personajes que no tienen ni siquiera entidad jurídica, como aquel famoso jurista alemán, Carl Schmitt,   que se prestó para todas esas tropelías”, dijo.

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