Laberintos: La república independiente de Cataluña – Armando Durán

 

 Resulta muy difícil escribir sobre la crisis catalana, pues mientras lo hago, este viernes a primeras horas de la tarde, el problema ha ingresado a una dimensión que se veía venir, pero que no por ello deja de constituir un enigma imposible de despejar por el momento. Lo único que sí podemos señalar es el hecho de que este viernes al mediodía en España, Carles Puigdemont y Mariano Rajoy, atrincherados detrás de una muralla construida con una explosiva mezcla de obsesiones endemoniadas, errores y sinrazones, finalmente jugaron sus últimas y definitivas cartas, al propiciar simultáneamente sendas inauditas resoluciones que pueden cambiar radicalmente la historia de España.

   Por una parte, en Madrid, el Senado acogía la “decisión excepcional” tomada por el presidente del Gobierno central, y autorizaba la intervención de las instituciones autonómicas catalanas de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, cuya aplicación justificó Rajoy en su intervención de 45 minutos con la rotunda frase de que “no hay otra alternativa.” Al mismo tiempo, en Barcelona, los diputados independentistas de Junts pel Sí y Candidatura d´Unitat Popular, sin la participación de los diputados del Partido Popular, del Partido Socialista de Cataluña y de Ciudadanos, que se retiraron antes de comenzar la sesión plenaria del Parlament en señal de protesta, aprobaron en votación secreta la propuesta conjunta que habían presentado ambos partidos el jueves por la tarde para iniciar el proceso constitucional de “construir una república catalana como estado independiente.”

   Esta última etapa de la crisis catalana se había puesto en marcha en septiembre, cuando el Govern convocó, al margen de la Constitución, un referéndum sobre la independencia de Cataluña para el 8 de octubre. Ese día la Guardia Civil agravó considerablemente la situación al impedir por la fuerza el desarrollo de la consulta electoral y dos días más tarde el conflicto se hizo terminal con la declaración de Puigdemont, interpretando a su manera los supuestos resultados del referéndum como un mandato del pueblo catalán para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, aunque en su intervención ante el Parlament el martes 10 de octubre dejó en suspenso la declaración de independencia por algunas semanas con la intención de negociar con Madrid lo que en realidad no era negociable en absoluto. Se entabló desde ese día, entre Rajoy y Puigdemont, un pulso que quizá podría haber quedado resuelto este jueves, cuando se supo que el President catalán estaba dispuesto a descartar por el momento la declaración de independencia a cambio de convocar elecciones autonómicas para el mes de diciembre, de acuerdo con las normas constitucionales, si el Gobierno central suspendía a su vez la aplicación del artículo 155.

   En un primer momento, esta posibilidad amenazó la alianza PP-PSOE, pues Pedro Sánchez y la directiva socialista expresaron que su partido estaba de acuerdo con esa alternativa, pero Rajoy no lo dudó ni un instante y anunció no estar dispuesto a ceder ni un milímetro: con o sin elecciones autonómicas en diciembre, sostuvo, su decisión para enfrentar el desafío catalán seguía siendo la aplicación del artículo 155.

   Por primera vez durante el desarrollo del conflicto, Alfonso Guerra, histórico segundo hombre del PSOE y Vice-presidente del Gobierno durante muchos años, intervino entonces en la discusión. “El 155”, declaró a la prensa en clara alusión a la inflexibilidad de Rajoy, “no es para sacar a Puigdemont sino para que se vuelva a la ley” en Cataluña. Exactamente esa misma postura asumió en su editorial del viernes, “Un país a la deriva”, el diario catalán La Vanguardía, al argumentar que “a diferencia de una declaración unilateral de independencia (DUI), que comportaría la inmediata aplicación del artículo 155 y la consabida intervención de la autonomía catalana, la convocatoria de elecciones autonómicas propiciaba un guión de pacificación política y social.” La intransigencia de Rajoy y la drástica propuesta conjunta de Junts pel Sí y la CUP, sin embargo, cerraron ese camino el jueves por la tarde. De ahí que el editorial de La Vanguardia concluyera con una afirmación desalentadora: “La ocasión perdida ayer merecía mejor suerte. Ahora mismo Catalunya es un país a la deriva.”

   Tras esta confrontación final, sin espacios ya para la negociación de alguna salida pacífica, lo único que puede indicarse es que más allá de los festejos con que las organizaciones civiles Asamblea Nacional de Cataluña y Omnium Cultural, cuyos líderes fueron encarcelados y trasladados a prisión en Madrid la semana pasada, han invitado a celebrar en las calles de toda Cataluña el acuerdo independentista, y que más allá también de las decisiones que tomó Rajoy por la tarde en consejo extraordinario de Ministros la tarde del viernes de destituir a Puigdemont y a sus ministros y convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, nadie sabe a ciencia cierta cómo será el día de mañana.

   En primer lugar, ¿cómo esperan Puigdemont y su estado mayor transformar la retórica soberanista que los ha llevado a dar este salto en el vacío en un hecho político real y posible? En segundo lugar, ¿qué hará Rajoy para implementar la decisión de su gobierno de restaurar la legalidad en Cataluña, comenzando por la destitución de Puigdemont y de los miembros de su gobierno y la designación de los organismos encargados de administrar las competencias que hasta ahora le correspondían al gobierno autonómico catalán? Por otra parte, ¿aceptarán de más o menos buen grado los dirigentes soberanistas ser imputados por la Fiscalía del Estado de haber cometido un grave delito de rebelión, penado por la ley hasta con 30 años de prisión, o el Gobierno central tendrá que recurrir a la fuerza para imponer la ley, destituir a los miembros del Govern y ejecutar las órdenes de captura que dicte el Poder Judicial contra Puigdemont y demás miembros de su gobierno mientras los ministerios del Gobierno central intervienen todas las instituciones autonómicas de Cataluña? Y en este caso, ¿qué recurso de fuerza empleará el Gobierno de Rajoy para alcanzar los objetivos que fija el artículo 155, la ocupación militar de Cataluña con todas las consecuencias que acarrearía dentro y fuera de España esa medida extrema? Por último, esta República en proceso de construcción, ¿cómo hará para reordenar su vida política, económica y hasta deportiva con el resto de España y del mundo (por ejemplo, ¿podrá jugarse este domingo el partido de fútbol previsto del Real Madrid en Girona?), incluyendo el establecimiento de sus obligadas relaciones con Europa, que por intermedio de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, ya ha declarado tajantemente que “para la Unión Europea nada cambia porque España continúa siendo nuestro único interlocutor”? Y en todo caso, ¿cómo afectará la excentricidad de esta nueva realidad política la vida diaria de los millones de hombres y mujeres, catalanes y no catalanes, que viven en Cataluña?

   Los efectos de esta locura que parece haber cegado a quienes ejercen el poder central y regional son evidentes: la confusión y el caos. Una situación que en un soplo se les puede ir de las manos a ambos antagonistas, que no sólo se juegan a estas últimas cartas su destino político personal, sino que sus acciones y omisiones en el tablero de juego bien pueden condenar a Cataluña y al resto de España a la más indeseada de las realidades sufridas por el país desde el fin de la guerra civil, cuya pavorosa sombra, sin la menor duda, amenaza ominosamente esa convivencia civilizada de todos en lo que todavía, a pesar de lo que digan unos y otros, es hasta ahora España.

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