Constitucional y legalmente les está impedido a los gobernadores subordinarse a la ANC

Así lo sostiene el experto constitucionalista, Rubén Ortiz Córdova, quien considera además que no es procedente la consulta de los gobernadores al público para decidir si se subordinan o no a la Constituyente
El experto en Derecho Constitucional Rubén Ortiz Córdova, sumó su voz a la de quienes han venido sosteniendo la inviabilidad de una subordinación de los gobernadores de estado, a una entidad distinta de la que le corresponde, por su propia naturaleza de funcionarios públicos.
De acuerdo con el criterio del constitucionalista Rubén Ortiz Córdova, abogado integrante del Escritorio Ortiz Bucarán & Asociados,el artículo 12 de la Ley de Elecciones y Remoción de Gobernadores, así como el 159 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ambos vigentes en el ordenamiento jurídico del país establecen, en primer lugar, que los órganos con competencia para juramentar a los gobernadores electos son los Consejos Legislativos de cada estado, o en ausencia de ellos, por el juez superior de la correspondiente entidad; mientras que en la Carta Magna está expresamente contemplado que los entes regionales son soberanos, autónomos e iguales en lo políticoy obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República.
Además de ello, son harto conocidos los válidos argumentos que se han venido expresando en relación al carácter de ilegitimidad de la ANC, admitido tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional, donde destaca entre otros organismos, la Unión Interparlamentaria Mundial, de la que forma parte Rusia, la cual solo reconoce como institución legislativa del país a la Asamblea Nacional, sostiene Ortiz.
En relación a la presunta fuerza legal que le atribuyen vocero del Gobierno nacional y de la propia Constituyente al decreto recientemente emitido por la ANC, a través del cual se obliga a los gobernadores a prestarjuramento ante esa entidad, indicó el experto que “la única fuerza que posee ese decreto es el de las vías de hecho, por ser un cuerpo normativo que emana de una asamblea que es espuria en su origen y que no es reconocida mundialmente”.
Sobre la actuación del Presidente de la República de tratar de imponer la decisión que impide a los gobernadores de oposición asumir sus responsabilidades como gobernadores electos, indicó que se trata de la expresión y el ejercicio de las vías de hecho, de irrespeto a la Constitución y a los procedimientos contemplados en ella para modificarla, generar un nuevo orden jurídico y redactar un nueva Constitución de la forma como lo establece la Carta Magna.
Al referirse al procedimiento de consultas con diversos sectores de la sociedad en cada estado, anunciado por los gobernadores, dijo que aun admitiendo que pueda estar ajustado a derecho, desde el punto de vista político coloca a la sociedad en una “situación circular”, pues considera que se estaría sometiendo a la población a una consulta sobre la solución de una crisis, en momentos cuando ha crecido la desconfianza en el voto como solución y expresión de la voluntad popular, y el pueblo se encuentra desesperanzado; por lo que no le ve ningún sentido a esa propuesta, y las leyes son muy claras y precisas en ese sentido .
Sobre las implicaciones que podrían generarse de una aceptación de subordinación de las gobernaciones a la Constituyente, serían entre otras, seguirle el juego a un ente de carece de legitimidad y avalar todas las demás actuaciones igualmente ilegítimas de esa institución, entre las que se pudieran incluirse cualquiera que afecte el normal desenvolvimiento y atribuciones de estas entidades regionales que son las gobernaciones, expresó finalmente el entrevistado.

Un comentario sobre “Constitucional y legalmente les está impedido a los gobernadores subordinarse a la ANC

  1. De acuerdo al artículo 25 de nuestra Constitución Nacional, a la cual debemos respeto aún si no estamos de acuerdo con ella, todo acto violatorio de sus normas es nulo y quienes apoyen su violación responden civil, administrativa y penalmente de sus actos. El artículo 159 de la misma Constitución también obliga a que la juramentación de los gobernadores la tomen los respectivos Consejos Legislativos o en su defecto el Juez Rector de cada estado. Cómo puede el Presidente desconocer la Constitución y ordenar que Gobernador que no se juramente ante la Constituyente está destituido.? Dónde se establece esa norma? y si existe, nunca podrá ir contra el espíritu constitucional. Es como si el Ejecutivo dijera que aquel Gobernador que no se juramente ante la Constituyente, será fusilado. Alguien podrá decir que es esto ajustado al Estado de Derecho o debemos vivir bajo el capricho del Presidente de Turno?. Creo no cometer delito alguno por emitir ésta mi opinión, pues mi humilde intención es solo llamar la atención y a la reflexión en bien de la Democracia.

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