Sea el juez – Andrés Maroti

El régimen y sus organismos satélites que hacen esfuerzos inútiles para mantenerlo a flote, son fuente inagotable e impresionante de barbaridades y necedad verbal, emocional, jurídica, política, económica, personal y atávica; lista resumida.
En el país hay más de doscientos mil abogados inscritos que tienen el derecho legal de ejercer la profesión; bien o mal, con conocimientos o sin ellos. Hay tantos abogados, jóvenes y viejos, porque el título se presta para muchas cosas. Existe la creencia que estudiar para abogado, sin vocación sincera, es fácil y cómodo; y rentable. Por eso tenemos en el foro y en el poder judicial tanto rábula.
El tsj -minúsculo auto adquirido y merecida- ha producido tantos exabruptos de fondo y forma que difícilmente puede atribuírsele solo mala intención. Es también carencia. La mala fe se manifiesta cuando una sala declina en otra la competencia para decidir en lo que le han planteado porque no quiere compromisos. La fe púnica se nota cuando una sala decide no dar despacho porque no se atreve a enfrentar un caso determinado. La malicia está presente cuando impiden que los ciudadanos ejerzan lo previsto en la ley, aduciendo ignorancia del procedimiento. La inopia académica aparece cuando no saben manejar el derecho y echan mano a cualquier artificio jurisprudencial o de invención fantasiosa. En ese sentido, no se comprenden los términos improponible y recalificación usados recientemente por los magistrados. Improponible no existe en nuestro idioma. Asunto de forma.
El fondo tiene que ver con algo conocido como el Derecho de Petición, consagrado en nuestra Constitución en los artículos 28, 31, 51 y 58; y en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Administración Pública, para que los ciudadanos acudamos con nuestras inquietudes al poder público. Los ciudadanos tenemos el derecho de solicitar y obtener respuesta motivada y apropiada en el marco de
lo jurídico, sin caprichos ni ficción. La Adhesión de Terceros sugerida por la fiscal para dar soporte a su demanda está pautada en el artículo 26 constitucional y en el Código de Procedimiento Civil (artículo 370).
De fondo también es lo que se conoce como el Principio de la Plenitud Hermética del Derecho que concuerda con el principio que todo aquello que no está ordenado ni prohibido, está permitido. Significa que los vacíos de la ley deben ser llenados por el juez no de forma arbitraria si no acorde con principios jurídicos, porque la ley puede tener lagunas pero el Derecho no. No es aceptable la imperfección del derecho pero sí el de la ley. Ante la oposición de un alcalde el tsj sencillamente dijo que eso no estaba previsto en la ley aplicable.
Veamos que dicen los tratadistas: “El juez al percatarse de una laguna legal debe proceder de inmediato a rellenarla y decidir el caso planteado”. “En primer término el juzgador debe tratar de extraer de los principios del ordenamiento positivo los criterios que sean aplicables al caso. Al no ser posible el juzgador deberá acudir a la analogía, y luego a una operación de estimativa ideal, de valoración; deberá
acudir a principios ideales del derecho”.
Dice Recasens Sichez: si no rigiera el principio de plenitud hermética del orden jurídico positivo se abriría un agujero por el que entraría un torrente de incertidumbre y de inseguridad propiciatoria de la anarquía.
Estimado lector, sin ser abogado, ¿usted cree que el estado de derecho funciona y el ordenamiento jurídico está en manos competentes?

Los comentarios están cerrados.

Blog de WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: