Prevaricación conducta habitual – Rafael Rodríguez Mudarra

Con gran sentido de responsabilidad ciudadana, hemos de afirmar con la entereza que nos es propia, que los venezolanos le brindaron la mayor acogida al constituyente de 1999, promulgador de la Constitución aprobada por el pueblo de Venezuela , mediante referendo constituyente el 15 de diciembre, al hacer parte de la letra de la Constitución el rescate de la legitimidad del Estado, representación de la sociedad civil organizada, y la fluida relación que debe ser ejercitada con la incorporación a la función tradicional de los órganos del poder público, lo que se ha dado en denominar Poder Electoral y Poder ciudadano. Se hace realidad un anhelo tradicional, para que los órganos que ejercen el poder público se limiten a las atribuciones que le son consagradas en la Constitución y no otras, estableciéndose responsabilidades, tanto por el abuso de poder, la desviación de poder, así como la violación de la Constitución.
Se inserta al texto constitucional, lo que hubo de ser definitivo y para siempre las bases doctrinarias expuestas con anterioridad sobre el principio de la “INCOMPATIBILIDAD”, para lo cual se hace necesidad imperiosa la selección de un gobierno democrático responsable, un gobierno que debe estar obligado a rendir cuenta de sus actos al Poder Legislativo , en el entendido que este órgano poder como legislador y censor, representativo de la opinión pública a los fines de garantía de imparcialidad tiene que ser como manda la Constitución un ente independiente no sostenido por los codos por la dirigencia gubernamental, sin compromiso de obediencia con el presidente de la República.
Pero este mecanismo progresista de defensa del venezolano, constitucional obsequio del pueblo depositario del poder constituyente, que entendió que la incompatibilidad instaurada mediante la institución de los órganos del Poder Público Nacional, discutida con la mayor atención, en forma apasionada en territorio patrio durante el siglo pasado no ha sido la ocurrencia de una aventura militar , ni pantomima de los que han entendido la política como un medio de protagonismo necio e infecundo, se debe a la madurez de conciencia conformada por la opinión pública , respecto a que la idea de la incompatibilidad no es una maniobra para buscar posturas burocráticas , ni consigna de un partido ni espita entre sectores de derechas, fascistas e izquierdas decimonónicas, como está sucediéndose, para el disfrute abusivo del poder político ; constituye en estos momentos de resistencia cívica a la destartalada e ineficiente cúspide de mando gubernamental , sin control de las riquezas súbitas que caracterizan el autoritarismo existente, todo opuesto a frenar cualquier intento de autoritarismo presidencial, dado que el principio de incompatibilidad, precepto constitucional no es más que del desarrollo dialectico que le ha dado impulso a nuestra democracia.
En cuenta lo anterior, con acato al principio de la independencia constitucional de las instituciones del Estado, hemos de preguntarnos no con ingenuidad, sí en cuenta de situaciones sobrevenidas a diarios, sopesadas en forma “malévolo”, no desvirtuadas: ¿ Ha tenido el presidente Nicolás Maduro y su tren de colaboradores militares y civiles un mínimo de intención razonada para llamar a la unidad nacional ; a una acción conjunta para el desarrollo económico de la Nación ; para una cruzada unitaria honesta y vigilada para suministrarles comidas a las clases medias y pobres del país ; para combatir la delincuencia; para permitir la libertad de expresión; para la revocabilidad por medios constitucionales de los funcionarios de elección popular e impedir que se use la justicia para incoar demandas contra Miguel Henrique Otero, Federico Alberto Rangel, Carlos Tablante, Carlos Berrizbeita e Ismael García, entre otros.

Con el mejor propósito de enmienda, fuerza decirlo: el presidente Nicolás Maduro, no obstante haberle el pueblo depositado su confianza comicial, se resiste a gobernar para el país; lo hace para un grupo, lo que es más, incurre en abuso de poder; ha invadido funciones de otros poderes, no es más que la antítesis de la incompatibilidad, hoy valor supremo de la Constitución.
La actuación del TJS, del CNE, de la Contraloría de la República, del presidente del Poder ciudadano, han constituido decisiones, que convierten en falta los deberes y obligaciones inherentes a su cargos; han tomado medidas injustas sabiendo que la son, por cuanto las resoluciones proferidas no se corresponde con la Constitución ni con la leyes, todo lo cual de acuerdo a la interpretación gramatical de la Ley, es constitutivo del delito de PREVARICACIÓN; dentro de esta situación de perversión jurídica, no se explican las razones por las cuales la honorable señora Fiscal, garantía en los procesos penales, cuidadosa del cumplimiento de las normas procesales; la que tiene el deber de hacer realidad los derechos constitucionales; la que demandó la improcedencia de las bases comiciales de la inconstitucional Constituyente propuesta por Nicolás Maduro, se convierte en objeto de retaliación por parte de cuatro órganos del poder público perfectamente identificados ; se le prohíba la salida del país; se le confiscan sus bienes ; se proceda a abrirle un juicio de antejuicio de mérito. El TSJ le destituye al vice fiscal e invadiendo la autonomía de la AN se atribuye su designación. ¿Con qué se come eso?
Abogado, político, presidente del partido Unión Republicana Democrática (URD)
1rodriguezmudarra@gmail.com; ramudarra

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